Tomado de Sitio web de CPC
Ese día se publicaron en el Diario Oficial la nueva normativa legal sobre telecomunicaciones. Entre los instrumentos legales aprobados, destacan el Decreto Legislativo N ° 35 sobre “Telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación y el uso del espectro radioeléctrico” y la resolución 105 “Modelo de acción nacional para responder a incidentes de ciberseguridad”.
Por primera vez «el país tendrá un estándar legal donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que van más allá de los límites de la tecnología «, expresó Pablo Domínguez Vázquez, director de ciberseguridad del MINCOM en rueda de prensa
La Resolución 105 “Modelo nacional de actuación para dar respuesta a incidentes de ciberseguridad” es la ejecución de lo establecido en el decreto 360/2019, que tiene carácter preventivo y está dirigido a toda la sociedad.
“Implementa un sistema de trabajo entre entidades especializadas en seguridad TIC para el desempeño de sus funciones en el intercambio seguro de información relacionada con vulnerabilidades e incidentes de ciberseguridad. Permite, sobre la base de deberes y derechos, la protección sin diferencias de los ciudadanos, la sociedad civil y las instituciones estatales y privadas de todo tipo ”, agregó.
Bajo esta nueva resolución, Se clasificarán los hechos que hasta ahora no contaban con respaldo legal en el país en la red de redes, como daño ético y social o incidentes de agresión.
En la primera categoría encontrará, por ejemplo, los medios se hacen eco de las noticias falsas, entendido como la difusión de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación que impactan en el prestigio del país.
A su vez, se entiende por difusión nociva «la difusión a través de infraestructuras, plataformas o servicios de telecomunicaciones / TIC, de contenidos que vulneren los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público; difundir mensajes de disculpa por la violencia, accidentes de cualquier tipo que atenten contra la privacidad y dignidad de las personas ”.
también El ciberterrorismo se reconoce como acciones mediante el uso de las TIC destinadas a subvertir el orden constitucional, o reprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del mundo. Estado, o para obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Alterar gravemente el orden público. Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional. Provocar un estado de terror en la población o en parte de ella.
Entre los objetivos que pretende alcanzar esta resolución se encuentra Garantizar, a través de la gestión de incidentes de ciberseguridad, la prevención, detección y rápida respuesta ante posibles actividades enemigas, delictivas y nocivas que puedan surgir en el ciberespacio.
Según informa Domínguez Vázquez, para la clasificación de incidentes de ciberseguridad se tiene en cuenta la tipificación del incidente, así como el nivel de peligrosidad para la organización.
“La tipificación de los incidentes de ciberseguridad se realiza con el fin de facilitar su caracterización, se agrupan por categorías y subcategorías; mientras que la caracterización de la peligrosidad de los incidentes de ciberseguridad utiliza una escala de 4 niveles ”, explicó.
Al comentar sobre el alcance de esta norma, afirmó que, Aunque Cuba no tiene contrato de servicios con plataformas de redes sociales debido al bloqueo, puede registrar y denunciar tales violaciones que “van en contra de su esencia misma”.
“Cuando estas personas son identificadas y están en el país, se imponen violaciones. Con este nuevo estándar, el estado cubano tiene un registro de todos estos incidentes ”, agregó.
¿Qué hacer para reportar un incidente de ciberseguridad?
- Si la notificación proviene de una persona física, esa persona no está obligada a utilizar la clasificación establecida, aunque es muy favorable que conozca cuáles son las categorías y subcategorías contempladas, lo que ayuda culturalmente a identificar las amenazas. En el caso de las personas jurídicas, son responsables de notificar mediante tipificación, si puede ser corregido o no por la Oficina de Seguridad de Redes Informáticas (OSRI).
- Asumir la responsabilidad de la información facilitada, para lo cual se identificará con sus datos personales y la entidad a la que representa (si aplica), así como los datos retributivos que faciliten la gestión, incluidos en el Anexo III de la normativa. La ruta puede ser una de las publicadas por OSRI.
- Pueden comunicarse con OSRI a través de los siguientes canales:
- a través de su sitio web www.osri.gob.cu en la sección de incidentes,
- por correo electrónico [email protected]
- por el número único de atención a la población 18,810
Se fortalece el cuerpo legal de telecomunicaciones
Según Wilfredo López Rodríguez, director de regulación del Ministerio de Comunicaciones, Decreto Legislativo No. 35 Es el primer estándar legal de mayor rango aprobado en nuestro país sobre servicios de telecomunicaciones, TIC y uso del espectro radioeléctrico. porque “se le atribuye una mayor jerarquía e importancia por su transversalidad en los procesos de la empresa, lo que permite una mayor coherencia y un mayor orden del marco regulatorio existente”.
Tal y como se reveló en rueda de prensa, las resoluciones que acompañan al Decreto Legislativo versan sobre los recursos de numeración, nomenclatura, direccionamiento e identificación utilizados en redes y servicios de telecomunicaciones, radiofrecuencias, así como normativas u otras normativas sobre diferentes tipos de redes, servicios, equipos de telecomunicaciones. y tecnologías.
Entre las novedades de la norma, la definición de Servicio de Telecomunicaciones Universal (SUT), entendido como todos los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones cuya prestación es un derecho de todos los usuarios finales independientemente de su ubicación geográfica, a un precio y calidad determinados.
El IVU incluye servicios de telefonía móvil terrestre fija y móvil, acceso a Internet, servicios de radiodifusión sonora y televisiva, acceso a cabinas y estaciones telefónicas públicas, acceso gratuito a los servicios de llamada de emergencia y estaciones de socorro disponibles a través de sus redes, así como la aplicación de condiciones preferenciales. para personas con necesidades específicas.
El texto normativo confirma que el Estado preserva y garantiza paulatinamente el suministro de los servicios que integran el IVU, a través de los operadores y prestadores de servicios públicos que se ofrecen en el territorio nacional, a precios sin subsidios y con determinadas condiciones de calidad y seguridad. y confiabilidad.
También, el estado cubano es propietario de los servicios públicos de telecomunicaciones y tiene la facultad de regular, ordenar, controlar y supervisar los distintos servicios y redes de telecomunicaciones / TIC; así como corresponde al otorgamiento del derecho a su explotación.
Durante este tiempo, Los servicios privados de telecomunicaciones solo podrán prestarse a terceros con la autorización del Ministerio de Comunicaciones. “Los servicios privados de telecomunicaciones son aquellos establecidos por cualquier persona física o jurídica para su propio uso”, dijo López Rodríguez.
Otra novedad del Decreto Legislativo No. 35 es que tiene la intención de ampliar el acceso a los servicios de transmisión de señales de televisión por cable (CATV) a las personas físicas y jurídicasy maximizar la rentabilidad de las redes instaladas. “Hoy tenemos una infraestructura que no está plenamente explotada y por lo tanto, en la medida de lo posible, este servicio se extenderá donde se creen las condiciones”, dijo el especialista.
también Está homologado para permitir, a través de las infraestructuras disponibles, la ampliación progresiva de las ofertas de servicios de televisión, entre las que se incluyen las realizadas por suscripción por entidades autorizadas.
El reglamento también prevé la promoción del desarrollo y modernización de la infraestructura de telecomunicaciones con énfasis en la banda ancha, así como la ejecución de la transición de la televisión analógica a la digital, asegurando medidas económicas y sociales.
Se establece la propiedad estatal del espectro radioeléctrico
La Gaceta también incluye el Decreto 43 que orienta la reglamentación sobre el uso del espectro radioeléctrico y da cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones aprobados por las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de las que Cuba es signataria.
En otro momento de la rueda de prensa, el director de regulación del Ministerio de Comunicaciones explicó que el espectro radioeléctrico constituye «un recurso escaso, limitado, inalienable, imprescriptible y esquivo, sobre el cual el Estado ejerce su soberanía, y no se le puede ceder la propiedad». . a personas físicas o jurídicas ”.
Es por eso, que la gestión del espectro radioeléctrico se mantenga de forma centralizada que garantiza un uso más eficaz y eficiente de la misma
Otros aspectos del estándar
El texto también recomienda diversificar las rutas internacionales de conectividad por cable submarino o satélite, para cumplir con los requisitos de progresividad y seguridad que requieren los servicios nacionales.
Asimismo, se reconocen los deberes y derechos de los usuarios, así como de los operadores y prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones.
Descargar el Diario Oficial n ° 92 Ordinario de 17 de agosto de 2021