Parlamento cubano sigue programa legislativo

Durante la jornada laboral de este sábado, los diputados cubanos analizan cuatro proyectos de ley: Tribunales Militares; el Proceso Penal Militar; Ordenación del Territorio y Urbanismo y Ordenación del Territorio; así como el código de familia.

Estudios Revolución

«Es una expresión de que el país se está renovando», estimó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, refiriéndose al hecho de que el Parlamento cubano se reunió nuevamente en persona en el Palacio de Congresos, luego de dos años de restricciones. causado por la epidemia de COVID-19 en el país.

Presidida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, la sesión de trabajo de este sábado refleja el vasto ejercicio legislativo que los parlamentarios han seguido desarrollando, a pesar de la compleja situación epidemiológica que se impuso. Cuba en estos meses.

En esta ocasión, los diputados cubanos analizan cuatro proyectos de ley: Tribunales Militares; el Proceso Penal Militar; Ordenación del Territorio y Urbanismo y Ordenación del Territorio; así como el código de familia.

Durante la presentación de los dos primeros borradores, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, comentó el impacto que tuvo el proceso de consulta con los miembros de la Asamblea en su actualización. Los dos textos, dijo, están en perfecta armonía con las leyes aprobadas por esta Asamblea en su anterior sesión, celebrada el pasado mes de octubre. «Fueron construidos respetando los preceptos constitucionales del país en materia de administración de justicia».

Según la información facilitada por Remigio Ferro, 162 nuevos criterios emanan de la consulta a diputados, instituciones y organismos especializados. «Todos los criterios de los diputados se reconciliaron con ellos», declaró.

En términos generales, explicó que se han agregado varios artículos, aunque la mayoría de las actualizaciones de los proyectos corresponden a cambios editoriales para facilitar la comprensión de los documentos.
¿Cuál es la diferencia entre estos dos billetes?

Ley de tribunales militares

  • Se reafirma el carácter independiente e imparcial de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus funciones (artículos 148 y 150 de la Constitución).
  • La práctica se ve reforzada ya que la mayoría de los conflictos son resueltos, en primera instancia, por los tribunales militares de la región.
  • Los procedimientos para la elección, nombramiento y tránsito de los jueces profesionales por los distintos órganos e instancias judiciales (carrera judicial) están regulados de manera explícita y transparente y se asimilan a los establecidos para la jurisdicción civil.
  • La participación de los jueces legos en los actos de administración de justicia se regula con más objetividad y racionalidad.
  • Los jueces legos de la sala militar del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
  • Los jueces legos de otros tribunales son elegidos por las asambleas municipales del poder popular.
  • Participan en los procesos según las necesidades del servicio judicial (asisten a los procesos judiciales cuando son objetivamente requeridos).

Derecho procesal penal

  • Extiende el régimen de acceso, comunicabilidad y participación del imputado o imputado, su defensor, la víctima y el tercero a todas las fases del proceso penal militar.
  • Se refuerzan las garantías para el ejercicio del derecho de defensa, tales como conocer los cargos en su contra y nombrar un abogado desde el inicio del proceso, ofrecer pruebas, examinar el caso, participar en los procedimientos de investigación que así lo requieran, etc.
  • Se precisa que el proceso penal militar se inicia desde el momento en que la autoridad actuante comunica al presunto responsable los cargos que se le imputan, lo cual debe hacerse, si la persona se encuentra detenida, dentro de las 24 horas siguientes a su detención. se libera. , dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la denuncia.
  • Se dispone que el fiscal militar podrá prescindir de procesos penales, en delitos temerarios e intencionales, cuya sanción no exceda de cinco años de privación de libertad.
  • Se regula con mayor precisión el carácter excepcional del recurso a la medida cautelar de prisión provisional, y se refuerza el control judicial -por los tribunales militares- sobre la relevancia de su imposición y su permanencia en el tiempo.
  • Se refuerzan los derechos y garantías de la víctima o del agraviado, en particular mediante la designación de un abogado que los represente, el ofrecimiento de pruebas y la asistencia al juicio como fiscal adjunto. Asimismo, se concede la posibilidad de interponer una acción civil de indemnización o indemnización por daños, entre otros.
  • Se establece la posibilidad de que el imputado y su defensor expresen su conformidad con la acusación y la sanción solicitada por la fiscalía militar. El tribunal militar puede pronunciar sentencia sin necesidad de juicio oral y público.
  • Se crea un reglamento para juzgar a los menores de 18 años.
  • Permite excluir pruebas ilegales o anular actos procesales que vulneren las garantías constitucionales o se realicen en incumplimiento de las formalidades previstas en la ley, causando perjuicio a las partes intervinientes.
  • Mejora el sistema de recursos contra decisiones judiciales, instituye recursos contra sentencias de tribunales militares de la región y moderniza los recursos, sus causas y efectos.
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Foto: Revolution Studios

Urbanismo y territorio

En la mañana de este sábado, durante las reuniones de los diputados previas a la VIII Sesión Ordinaria, se llevó a cabo un análisis preliminar del proyecto de ley de Ordenación del Territorio y Ordenación del Territorio y Ordenación del Territorio.

Diana Rosa Suárez, directora jurídica del Instituto de Ordenación Territorial y Urbanística, explicó en la presentación de la legislación que no tiene antecedentes en el país. Estas áreas se regían anteriormente por un decreto-ley de 1978, que ahora está obsoleto.

El proyecto llegó a la Asamblea Nacional del Poder Popular luego de un amplio intercambio con diputados, organizaciones, universidades y la población, consultas que resultaron en la incorporación de alrededor de 100 modificaciones al anteproyecto inicial.

Según el Dr. José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión parlamentaria de asuntos constitucionales y legales, la propuesta ha sido una de las más populares entre los diputados en los últimos años.