Como parte del vasto calendario legislativo que se ha diseñado en el país, en la noche del martes del octavo período de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los diputados cubanos aprobaron las leyes de ordenamiento territorial y ordenamiento territorial. planificación y ordenación territorial. ; Tribunales militares; y el proceso penal militar.
En el país se ha diseñado un amplio calendario legislativo como parte de la actualización que vive la nación en los más diversos ámbitos, sectores y estructuras. De acuerdo con estas acciones, el octavo período de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular que comenzó el lunes aprobó varias leyes.
Así, durante la sesión de trabajo vespertina -que estuvo presidida por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y contó con la participación del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez- los diputados cubanos dieron verde claro a las leyes de ordenación territorial y ordenación del territorio; Tribunales militares; y el proceso penal militar.
Al presentar a los parlamentarios los elementos más distintivos que caracterizaron el proceso de conciliación y circulación del primero de estos arreglos legales, Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbanístico, dijo que se recibieron 223 propuestas, de las cuales fueron aprobadas. 153 como válidos, los cuales fueron especificados en 63 modificaciones hechas al documento originalmente presentado para discusión.
El extenso proceso de consulta llevado a cabo antes de esta jornada no solo incluyó a diputados, sino que también se extendió a diferentes organismos, universidades y población, lo que ayudó a enriquecer el texto original.
Como se detalla, a partir de esta normativa legal, será posible articular y coordinar mejor las distintas competencias que afectan al territorio, y así regular adecuadamente los requisitos de planificación, gestión, control y disciplina territorial y urbanística. Hay que tener en cuenta, dijo, que la planificación urbana debe «ser flexible y abierta, para que pueda completarse a tiempo».
Ese es el objetivo de nuestro trabajo, dijo, para construir ciudades más hermosas, higiénicas, ordenadas y disciplinadas en el país, sin romper con los valores que tiene cada lugar. El texto también permite una mayor integración de la normativa definida sobre estos temas con los planes de desarrollo de la economía de mediano y largo plazo, incluidas las inversiones.
Una vez aprobado el texto, recalcó, Cuba cuenta por primera vez con una norma jurídica capaz de articular e integrar las distintas competencias que inciden en los territorios.
Según el diputado Santiago Eduardo Lage Choy, presidente de la Comisión de Industria, Construcción y Energía, al presentar el dictamen, «constituye una disposición necesaria y nueva, debido a la falta en nuestro ordenamiento jurídico de normativas relacionadas con este tema». .
Con él, recalcó, se establecen normativas para una adecuada organización y uso óptimo del espacio, con una perspectiva de desarrollo, que regule adecuadamente los requisitos de planificación, gestión, control y de disciplina territorial y urbanística.
El presidente del Consejo de Estado consideró que se trata de un texto «de gran alcance y con fuerte impacto en la sociedad, que ha sido ampliamente discutido por toda la población».
En este sentido, la diputada Inés María Chapman Waugh, comentó que luego de varios análisis de la propuesta de ley, se ha llegado a un documento muy reforzado que ahora nos permite avanzar en muchos temas asociados al malestar urbano que hoy se manifiesta ‘hui in muchos lugares. También destacó el fuerte impacto de la ley sobre «los planes de desarrollo económico y social del país».
Son temas que conciernen a todos, y como tal todos tenemos la responsabilidad de respetar las disposiciones, dijo el diputado Gerardo Enrique Hernández Suárez, quien también recordó la constante vigilancia del Comandante en Jefe sobre estos temas.
Una vez aprobada la ley, dijo el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, «debemos respetar los plazos allí establecidos».
En esto, dijo, esta Cámara tiene una alta responsabilidad, dada su función de fiscalización, elemento fundamental a tener en cuenta cada vez que se aprueba una ley. Disponemos de los mecanismos necesarios para ello – subrayó – ahora nos toca a nosotros utilizarlos en consecuencia.
Los parlamentarios aprueban las leyes de los tribunales militares y el proceso penal militar
Con el objetivo de extender al fuero militar el fortalecimiento del sistema de garantías establecido en la Constitución de la República, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular debatieron y luego aprobaron las leyes de tribunales militares y procesal penal militar, ante la presencia de el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, al presentar los dos proyectos al Parlamento, señaló que forman parte del proceso de reforma judicial que se está desarrollando en el país y, por tanto, están estrechamente vinculados a la ley. De los tribunales de justicia. , aprobado por esta misma Asamblea Nacional durante el anterior período ordinario de sesiones.
Como los cuatro proyectos presentados durante la sesión de octubre, estas leyes sobre juzgados militares y procesos penales militares – subrayó Remigio Ferro – son el resultado de un proceso democrático, con amplia participación, al que los magistrados aportaron sus experiencias y sus conocimientos. , jueces, fiscales militares, abogados, profesores universitarios, entre ellos la Universidad Militar de Ciencias Jurídicas Arides Estévez Sánchez, la Unión Nacional de Juristas, así como especialistas de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Interior (MININT).
Ley de tribunales militares
Con esta ley de tribunales militares, dijo Remigio Ferro, «la justicia se fortalece como uno de los componentes esenciales de Cuba, el estado de derecho socialista y la unidad de los tribunales cubanos».
Para conformar el proyecto de ley sobre tribunales militares que sustituirá a la actual Ley No. 97 de 2002, se recibieron 162 criterios y 162 propuestas, de las cuales se aceptaron 105, mientras que 28 diputados expresaron su opinión, de los cuales se aceptaron 25. 29 agencias también proporcionaron criterios.
José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, leyendo el dictamen sobre el proyecto emitido por el grupo parlamentario que encabeza, en colaboración con la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, afirmó que esta normativa legal militar tiene la trascendencia papel de contribución al fortalecimiento del orden y la disciplina en las instituciones armadas, piedra angular del efectivo cumplimiento de la misión establecida por la Constitución de la República de protección y mantenimiento de la independencia y soberanía del Estado, de su integridad territorial, de su seguridad y paz.
La Ley de Tribunales Militares, de conformidad con los instrumentos internacionales y la Constitución de la República – aseveró Toledo Santander – consolida el régimen de garantías individuales en el fuero militar, consagrando el principio de igualdad ante la ley, derecho de toda persona que se presume inocente. debe ser escuchado pública y justamente por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por ley.
Asimismo, la norma en discusión informa principios cardinales de la actividad judicial como la independencia e imparcialidad de los jueces, permitiendo su actuación libre de cualquier restricción, influencia, presión o injerencia; el carácter esencialmente pluripersonal y elegible de los tribunales, su integración por jueces profesionales y no profesionales, revocables y responsables de su gestión.
Además, subrayó el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, la Ley de Tribunales Militares ratifica el derecho de las personas a ser juzgadas por tribunales preestablecidos, de conformidad con los procedimientos legalmente determinados y el respeto de los derechos de las partes, que se destacan por su contenido.
Ley de Procedimiento Penal Militar
Esta ley de procedimiento penal militar, una propuesta compleja y voluminosa que sustituirá a la ley número 6 de 1977, se ajusta al derecho procesal penal moderno, dijo el presidente del Tribunal Supremo Popular en la presentación del texto al Parlamento. Rubén Remigio Ferro .
Para la conformación del proyecto de ley que fue aprobado el martes, se recibieron 31 criterios de diputados y otras organizaciones 72 nuevos conceptos, que permitieron modificar 207 artículos, cuatro de ellos sufrieron cambios sustanciales y el resto ha perfeccionado su redacción.
«El proyecto de ley de procedimiento penal militar desarrolla, en su ámbito, principios esenciales para la protección de los derechos de las personas sujetas a sus competencias y para el funcionamiento del propio poder judicial, y se ajusta al derecho procesal penal moderno», declaró José Luis. Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos durante el dictamen sobre el proyecto que los diputados aprobaron por unanimidad.
La nueva ley -añadió Toledo Santander- desarrolla en gran medida las bases del debido proceso, de conformidad con los artículos 94 y 95 de la Constitución, estableciendo un procedimiento justo, en el que el imputado tiene todas las posibilidades de defensa a su alcance.
Al explicar las fortalezas de la recién aprobada Ley de Procedimiento Penal Militar, el jurista afirmó que incorpora y consolida principios fundamentales como la provisión de justicia ordinaria, con lo que la agregación del recurso de hábeas corpus se vincula, además, al principio de naturaleza El juez garantiza el carácter imparcial e independiente del tribunal en su función de hacer justicia, lo que constituye una prohibición para establecer tribunales especiales.
En los dos dictámenes presentados se propuso a los Juzgados Militares, a la Fiscalía General de la República, a los Ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, así como a la Organización Nacional de Gabinetes de Abogados Colectivos, de Establecer una estrategia de comunicación social que permita el conocimiento de las leyes aprobadas, así como el diseño de un sistema de capacitación que permita a sus integrantes estar debidamente preparados para los conocimientos técnicos que requiere la aplicación de estas leyes.