Esta mañana se presentaron a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) los proyectos de ley de los Juzgados Militares, Procesal Penal Militar, Ordenación del Territorio y Ordenación del Territorio y Ordenación del Territorio, que serán analizados durante el próximo período ordinario de sesiones. del cuerpo legislativo.
En los dos primeros documentos participaron por videoconferencia miembros de las comisiones permanentes de Defensa Nacional y Orden Interno y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
En presencia de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, presentó las principales características de los proyectos.
En cuanto a los Tribunales Militares, explicó que las políticas aprobadas para la redacción de la Ley de Tribunales de Justicia son aplicables a los Tribunales Militares en una gran cantidad de materias comunes al ejercicio de la función judicial.
Con este estándar, dijo, se fortalecen las garantías de acceso a la justicia, debido proceso, tutela judicial efectiva, transparencia, profesionalismo, calidad, rendición de cuentas, evaluación y rendición de cuentas.
Como aspectos novedosos, mencionó que la estructura y organización de los juzgados militares se actualiza en las distintas instancias, y que la mayoría de los casos son conocidos y resueltos, en primer lugar, por los juzgados militares de la región.
Se crea el Consejo de Gobierno en los juzgados militares territoriales, en sustitución de los consejos técnicos disciplinarios judiciales, así como los cargos de vicepresidente del Tribunal Militar Regional, presidente de un juzgado y de una sección, en las estructuras que sean necesarias.
Las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen la facultad de elegir y destituir a los jueces legos que actúan en tribunales militares territoriales y regionales.
En cuanto al proyecto de ley del Proceso Penal Militar, destacó que su reglamento está estructurado de manera coherente, por etapas del proceso, con un enfoque sistémico.
Afirmó que desarrolla derechos y garantías expresamente contenidos en la Constitución de la República, tales como Defensa, Inmediación, Imparcialidad, Concentración y Presunción de inocencia.
Esta norma, detalló, amplía el régimen de acceso, comunicabilidad y participación del imputado, su defensor, la víctima y el tercero, en todas las etapas del proceso.
Además, se introducen vías para la resolución de conflictos por métodos alternativos y se fortalece el juicio oral, público y contradictorio.
Remigio Ferro agregó que establece la posibilidad de que el imputado o imputado solicite a la Corte que revoque o modifique la medida cautelar de prisión provisional impuesta por el fiscal.
Señaló que se incorpora el procedimiento de hábeas corpus y que se crean normas procesales para el enjuiciamiento de menores de 18 años.
En el caso del proyecto de ley de ordenación del territorio y urbanismo y urbanismo, Anelis Marichal González, directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, lo presentó a los diputados de la Comisión de Industria, Construcción y Energía.
Destacó que no hay antecedentes de tal estándar en el país, y que tiene un enfoque multiactor, multidimensional y multinivel.
(Tomado de ACN)
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