La Asamblea Nacional del Poder Nacional aprobó 4 nuevas leyes que señalan una reforma judicial y procesal de la justicia cubana. En teoría, las nuevas leyes refuerzan la protección de los acusados de un delito.
Cuba aprueba 4 nuevas leyes que permiten a los cubanos defenderse
El diputados Se han aprobado 4 nuevas leyes cubanas sobre tribunales de justicia, procedimiento penal, procedimiento administrativo y código procesal. Las leyes entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
1. Derecho procesal penal
Con esta nueva ley, los imputados podrán nombrar abogado, asistir como fiscal adjunto (coadyuvante) y ejercitar o renunciar a la acción civil. Asimismo, pueden declarar al inicio del juicio para observar la práctica de la prueba y establecer recursos contra las decisiones.
De esta forma, el imputado puede ejercer su derecho de defensa y nombrar un abogado defensor. Si no elige un abogado, dentro de las 48 horas, la autoridad está obligada a proporcionarle una defensa de oficio.
Por otro lado, esta ley establece que el imputado debe ser tratado con dignidad. Además, se prohíbe la violencia o coacción en el desarrollo del proceso.
Finalmente, la presunción de inocencia se presume hasta la condena definitiva.
2. Ley de procedimiento administrativo
Esta ley permitirá reclamos contra decisiones administrativas u omisiones de directores, funcionarios o empleados.
También abre la posibilidad de enjuiciar a los órganos, organismos, entidades o personas que ejercen funciones administrativas en el país, sean o no parte de la estructura de la administración pública.
3. Ley del código de proceso
Esta ley unifica la forma de proceder en materia civil, familiar, mercantil, laboral y previsional. Establece el proceso regular y el proceso de resumen.
Se ofrecerán garantías a favor de las personas con discapacidad, así como en casos de violencia de género o familiar, cuando surjan menores y cualquier otra condición de vulnerabilidad.
4. El derecho de los tribunales de justicia
Esta ley reconoce el derecho de las personas a ser juzgadas por los tribunales ordinarios de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos y con respeto a los derechos de sus partes.
Se modifican las formas de elección de los jueces, su inmovilidad y los procedimientos para ser subsanados, suspendidos o revocados disciplinariamente.
Por último, los tribunales facilitarán un acceso público adecuado a los procedimientos, así como una mayor calidad y rapidez en la tramitación de los casos.
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